La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha abordado en Onda Madrid el reciente caso de la joven de 14 años agredida sexualmente por un menor no acompañado residente en el centro de primera acogida de Hortaleza.

Según Dávila, el menor agresor "viene por sus propios medios desde, parece ser, otra comunidad autónoma. Viene sin documentación, con lo cual nosotros iniciamos el proceso para documentarle”.

La consejera destacado que el menor, que convivía en el centro desde abril, se escapó antes de ser detenido, y la Comunidad no tenía constancia de antecedentes delictivos previos: “No tenemos esa información y, como digo, convive en el centro, es un centro abierto, no son centros de régimen cerrado”.

Cambio en el perfil de los menores no acompañados

Dávila ha explicado que el perfil de los menores atendidos en los centros de primera acogida ha cambiado significativamente en los últimos años debido a la crisis migratoria. “Vienen mucho más dañados, vienen de las manos de las mafias, vienen con consumos de droga muy graves y también en los últimos meses ya hemos detectado más índices de agresividad en estos chicos”, afirmó.

Vienen mucho más dañados, de las manos de las mafias,con consumos de droga muy graves y con más índices de agresividad

La consejera ha subrayado que, aunque no todos los menores presentan estas características, se han iniciado expedientes para el retorno de aquellos cuya integración resulta “complicada o imposible”, una competencia exclusiva del Gobierno central.

Críticas a Vox y al Gobierno central

La consejera califica de “profundamente irresponsable” la postura de Vox, que reclama el cierre de los centros de acogida. “Los centros no se pueden cerrar, no se puede trasladar al ciudadano que esa es la única solución. Me parece que un partido político tiene que ser más responsable”, señaló Dávila, advirtiendo que cerrar los centros implicaría responsabilidades penales y civiles. Además, ha acusado al partido de trasladar un “mensaje absolutamente falso” que estigmatiza a los menores, incluidos aquellos que no son no acompañados, pero que requieren protección por otras razones.

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Por otro lado, Dávila ha criticado la inacción del Gobierno central, al que responsabilizó de no controlar la llegada de menores no acompañados ni coordinarse con las comunidades autónomas. “Llevamos dos años trasladando al Gobierno que tiene que ponerse a trabajar en origen, que tiene que ponerse a trabajar con los países de origen, que tiene que trabajar en fronteras”, ha afirmado. También denuncia que el reparto forzoso de menores, impulsado por el Ejecutivo, es “absolutamente ilegal” y ha sido recurrido por 11 comunidades autónomas ante los tribunales.

Falta de coordinación y recursos

La consejera ha lamentado la falta de información sobre los menores que llegan a Madrid, lo que dificulta su atención. “Necesitamos saber cuáles son los perfiles de los menores y al final esa detección la hemos tenido que hacer por nosotros mismos porque no nos han trasladado ninguna información”, indicó.

Además, señala que en 2024 la Comunidad atendió a 2.442 menores no acompañados, y en lo que va de 2025 ya superan los 1.300. Dávila ha instado al Gobierno a reforzar la seguridad con más recursos para la Policía Nacional y la Guardia Civil y a asumir su responsabilidad en la gestión migratoria.

Hacia una solución conjunta

Preguntada por la posibilidad de un entendimiento entre administraciones, Dávila expresó su frustración: “La respuesta del Gobierno ha sido prácticamente nula salvo insultar a gobiernos autonómicos que estamos asumiendo esta crisis migratoria en solitario”. La consejera ha insistido en que el Ejecutivo debe trabajar en origen y en fronteras, en lugar de realizar “repartos forzosos” que calificó de “profundamente inhumanos” y que generan un “efecto llamada” para las mafias.

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Incógnitas sobre el reparto de menores

Por último, respecto al reparto de menores no acompañados en España, Dávila ha asegurado que la Comunidad de Madrid no dispone de información sobre la operativa, número, plazos o perfiles. “No tenemos todavía ninguna información sobre las intenciones del Gobierno”, señaló, criticando que los reales decretos que regulan estos repartos vulneran competencias autonómicas y derechos fundamentales, según los servicios jurídicos de varias regiones.